El doble rasero de Batet en el Congreso: no retira «presos políticos» pero borra «golpistas»

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, ha evidenciado este martes en el Pleno de la Cámara el doble rasero que está aplicando con respecto a retirar o no del Diario de Sesiones (un gesto simbólico puesto que las palabras son recogidas en las actas bajo corchetes) los términos «golpistas» y «presos políticos». Un manejo a su antojo de la libertad de expresión, a la que apela en unos casos y cercena en otros.

Desde hace semanas, Batet viene ordenando la retirada de la denominación «golpistas» utilizada por la oposición para referirse al grupo de Esquerra Republicana (ERC), en el que concurrió a las elecciones de abril de 2019 y llegó a ocupar el escaño el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel por los delitos de sedición en concurso medial con malversación de caudales públicos.

En el Pleno de la pasada semana, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se refirió a los diputados de ERC como «golpistas». Y el portavoz del Grupo Republicano, Gabriel Rufián, pidió amparo a la Presidencia quejándose de ese calificativo: «Pido que se retire, a no ser que se refiera a Tejero, que creo que le vota a él y no a nosotros», reclamó.

Batet emplazó a Ortega Smith a retirarlo, a lo que el abogado de la acusación popular en el juicio del 1-O se negó: «No lo puedo retirar porque quien da golpes de Estado son golpistas . Me refiero a (Carles) Puigdemont, (Quim) Torra y todos los condenados por el Supremo», recalcó.

Ante la negativa de Vox, Batet hizo uso de las facultades que le otorga el Reglamento y anunció que ordenaría retirar tal calificativo del Diario de Sesiones. Fuentes parlamentarias socialistas esgrimen que el delito de golpe de Estado no está en el Código Penal y además enfatizan que ninguno de los condenados por el Supremo ocupa actualmente escaño en el Cámara baja.

Moción del PP

En cambio, este martes Batet se ha negado a retirar el término «presos políticos» usado por los separatistas y los proetarras, apelando aquí a la libertad de expresión y esgrimiendo que tampoco lo hicieron sus antecesores en la Presidencia de la Cámara en aquellos «precedentes desde 2012». Esta ha sido la reacción de Batet después de la denuncia de la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, y de que la diputada del PP Edurne Uriarte se refiriera a esta doble vara de medir de la presidenta del Congreso durante la defensa de una moción de los populares contra la mesa de negociación del Gobierno con los separatistas. «Presos políticos es una expresión intolerable en Democracia», ha subrayado Uriarte.

Se da la circunstancia de que la antecesora de Batet, la exministra de Sanidad del PP Ana Pastor optó por retirar el término «golpista», pero también «fascista» cuando se producían en un mismo debate, especialmente entre ERC y Ciudadanos. Sin embargo, en lo que va de legislatura, Batet ha consentido que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y otros portavoces de la izquierda califiquen de «fascista» al grupo parlamentario Vox en numerosas ocasiones, sin lanzar ninguna advertencia al respecto.

Tres veces

Cabe recordar que Batet abrió la puerta hasta en tres ocasiones en 2013 a la celebración de un referéndum independentista en Cataluña pactado con la Administración central. Es decir, el mismo planteamiento que defiende Podemos, los socios del PSOE en el Gobierno.

En febrero de 2013, dentro de la X Legislatura (2011-2016), la entonces parlamentaria del PSC en la Cámara baja rompió la disciplina de voto del Grupo Socialista —junto a otros 13 diputados— en sendas propuestas de resolución de CiU y La Izquierda Plural con motivo del Debate sobre el estado de la Nación celebrado aquel año en el Congreso.

El Grupo Socialista, dirigido entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba, votó en contra de ambas iniciativas y multó con 600 euros a los diputados del PSC, entre ellos la propia Batet, que declinaron participar en la votación.

La tercera escena se produjo varios meses después, en octubre de 2013. Y fue a raíz de que UPyD presentara una moción contra el «derecho a decidir» para que los diputados del PSC se retrataran en la Cámara baja. Rosa Díez argumentó que había llevado dicha iniciativa al Pleno para que se dejasen «las cosas claras» ante tanta «confusión» y frente a la «falacia» que suponía la pretensión de una consulta soberanista en Cataluña. 

La diputada magenta insistió entonces en que era necesario proclamar que el futuro de España se decide «entre todos». Tanto el Partido Popular como el PSOE votaron a favor de esa moción de UPyD, mientras que los diputados del PSC, incluida Batet, se abstuvieron, desmarcándose de la dirección del Grupo Socialista. Otro guiño a la consulta pactada esta vez en forma de abstención.